Sólo el 18% de las ayudas públicas por la Dana ha llegado a autónomos y menos de la mitad recibió apoyo

1. La mayoría de las ayudas por la DANA se han destinado a infraestructuras, y no a los negocios
2. Los retrasos administrativos asfixian al tejido productivo
3. El Consorcio de Compensación de Seguros mantiene aún 1.200 millones por pagar
4. Endeudamiento forzoso y riesgo de cierre

La Cámara de Comercio de Valencia ha puesto cifras a una realidad que miles de autónomos llevan un año denunciando: el dinero prometido no ha llegado a quienes lo necesitan. Según su informe Balance de la situación empresarial de la zona cero, un año después de la Dana que arrasó parte del área metropolitana de Valencia, el 40% de las empresas y trabajadores por cuenta propia afectados sigue sin cobrar total o parcialmente las ayudas públicas.

Es cierto que el Gobierno aprobó este martes, y tras casi un año de espera, el paquete de ayudas que prometió con el que se amplían las líneas de financiación y el cese de actividad para los autónomos que vieron su negocio devastado por la Dana. El problema, según apuntó el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, es que ahora, después de 10 meses, muchos autónomos han cerrado y "prácticamente nadie se va a poder acoger a ese cese de actividad que se tenía que haber empleado desde el 1 de febrero"

La reconstrucción económica está lejos de completarse y el tejido productivo continúa en una situación crítica: entre el 10% y el 20% de los pequeños negocios está en riesgo de cierre.

La víspera de cumplirse ese primer aniversario, el Gobierno aprobó por fin la ayuda extraordinaria por cese de actividad para los autónomos afectados por las riadas. Se trata de una medida que llevaba un año reclamándose en la Comunidad Valenciana. El presidente de ATA en la región, Alberto Ara, denunció que los autónomos afectados por la Dana “hemos sido tratados como ciudadanos de segunda”, y lamentó la tardanza en poner en marcha un apoyo que llega cuando miles ya han tenido que endeudarse o directamente cerrar.

Y es que, a pesar de que el Gobierno central y la Generalitat Valenciana sostienen que se han movilizado ya 5.075,7 millones de euros para la recuperación, apenas una pequeña parte ha llegado al tejido productivo. Según el informe, solo el 17% de los fondos ejecutados se ha destinado realmente a autónomos y negocios. La mayor parte del dinero se ha asignado a obras públicas, infraestructuras y ayuntamientos, dejando en segundo plano a quienes levantan cada día la economía de la región.

Los datos confirman la sensación de abandono económico que arrastran los negocios de la zona cero, que engloba municipios como Paiporta, Catarroja, Algemesí, Aldaia, Alfafar, Valencia capital o Riba-roja de Túria. Allí, naves industriales quedaron destruidas, maquinaria quedó inservible y comercios y talleres familiares pasaron meses cerrados.

La mayoría de las ayudas por la Dana se han destinado a infraestructuras, y no a los negocios

El estudio de Cámara Valencia detalla que el dinero público no está llegando al tejido productivo. El reparto de fondos muestra una enorme desigualdad: mientras el 67% se ha destinado a infraestructuras y ayuntamientos, solo el 17% ha ido a parar a empresas y autónomos y un 8,5% a familias. Las compañías más pequeñas han quedado en último lugar.

Según el La situación es especialmente grave en sectores formados casi en su totalidad por autónomos y microempresas, como la hostelería, el comercio, talleres de reparación, logística local y servicios profesionales básicos. En estos sectores todavía hoy entre un 10% y un 20% de los negocios sigue en riesgo real de cierre definitivo por falta de liquidez.

Con la actividad hundida tras la riada, sin ingresos y con retrasos en las ayudas, muchos emprendedores se vieron obligados a endeudarse para poder sobrevivir. Préstamos bancarios, líneas ICO, créditos rápidos o dinero de familiares se convirtieron en la única vía para mantener el negocio a flote a la espera de resoluciones que nunca llegaban. Pero esas resoluciones siguen sin llegar para muchos de ellos.

Según el estudio, ha sido habitual que las ayudas públicas se anuncien en ruedas de prensa –como la de ayer mismo, sin ir más lejos– mientras en la práctica la tramitación quedaba atascada durante meses. La Cámara de Comercio de Valencia recoge testimonios de empresarios que, al no recibir respuesta de la administración, tuvieron que detener su reconstrucción porque no podían seguir financiándola sin apoyo.

Los retrasos administrativos asfixian al tejido productivo

El informe apunta directamente a la burocracia como principal responsable del colapso de las ayudas. La complejidad del procedimiento ha sido uno de los grandes obstáculos y ha generado un cuello de botella en la administración pública.

Sobre esta cuestión coincide el economista Juan Carlos Higueras, vicedecano de EAE Business School, que explicó a este diario: “La principal causa es la complejidad administrativa del sistema de ayudas, excesivamente burocrático y disperso”. El experto añadió que “se ha diseñado un procedimiento más para evitar errores o fraudes que para ofrecer una respuesta ágil a quienes realmente lo necesitan”.

La falta de coordinación entre administraciones ha agravado el problema. Según recoge el informe, las solicitudes debían pasar por distintos departamentos locales, autonómicos y estatales, cada uno exigiendo documentación diferente. Esto provocó retrasos constantes y expedientes eternos, y obligó a muchas empresas a presentar varias veces los mismos papeles.

Higueras subraya otro factor clave: “Muchas pymes carecen de recursos técnicos o asesoramiento para gestionar expedientes tan burocráticos”. Negocios pequeños sin personal administrativo ni tiempo para dedicarse a trámites complejos se han perdido entre formularios, requisitos y plataformas digitales distintas. “El atasco se encuentra tanto en la falta de medios humanos en las oficinas como en un diseño excesivamente formalista del proceso”, concluyó Higueras.

El Consorcio de Compensación de Seguros mantiene aún 1.200 millones por pagar

Además de las ayudas públicas, muchas empresas y autónomos han tenido que esperar meses para recibir indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros. Según el informe, se presentaron cerca de 250.000 expedientes de reclamación. El 96% ya está resuelto, pero el 4% restante acumula más de 1.200 millones de euros en pagos pendientes.

Ese 4% no es residual. Afecta sobre todo a empresas industriales, agrícolas y comerciales de gran impacto económico, cuyos expedientes son de mayor cuantía. Son negocios obligados a reabrir sin saber cuánto dinero recibirán finalmente, lo que bloquea inversiones, obras de reparación y contratación de personal.

La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana critica en el informe que el Gobierno central esté incluyendo estas indemnizaciones en el cálculo de las ayudas totales concedidas por la Dana. Recuerda que no se trata de dinero público, sino de coberturas de seguros financiadas por recargos en las pólizas privadas. Contabilizarlas como ayudas “infla” artificialmente el balance oficial.

Endeudamiento forzoso y riesgo de cierre

La falta de liquidez sigue siendo el principal reto del tejido productivo en la zona afectada. La Cámara advierte de que numerosas empresas han tenido que renunciar a inversiones, reducir personal o vender maquinaria para resistir. Otras, simplemente, han desaparecido del mapa económico.

Higueras alerta de las consecuencias a medio plazo: “El endeudamiento forzoso erosiona la rentabilidad futura de los negocios y limita su capacidad de inversión”. Añade que esta situación “frena la recuperación del empleo y deteriora la competitividad del territorio”. Un negocio que cierra no solo pierde su dueño, sino también sus proveedores, clientes y trabajadores.

En municipios como Catarroja, Paiporta o Aldaia, los locales vacíos y las naves industriales abandonadas evidencian que la recuperación económica está incompleta. Mientras tanto, los autónomos afectados siguen reclamando un sistema de emergencia que funcione de verdad, sin burocracia excesiva y con agilidad en las decisiones.

Higueras propone reformas urgentes, como “implantar una ventanilla única digital con trazabilidad pública de cada expediente”. También reclama “líneas de financiación puente inmediatas para evitar cierres por falta de liquidez” y una “simplificación administrativa real en todos los niveles institucionales”.

El informe concluye que, sin corregir la lentitud en las ayudas y la falta de liquidez, parte del tejido económico de la zona cero está en serio riesgo de desaparecer.