Los administradores concursales avisan que los fallos de la reforma están dejando fuera a las microempresas
La Ley Concursal, que regula los procedimientos de insolvencia y evita la quiebra de empresas y autónomos, sigue sin funcionar como debería tres años después de su gran reforma. Así lo creen los expertos: según la Asociación de Administradores Concursales y Expertos en Reestructuración e Insolvencia (Aspac) la norma continúa generando graves problemas, en especial para las microempresas.
Por ello, los administradores reclaman la aprobación urgente del Estatuto del Administrador Concursal. Según la organización, los fallos en su aplicación están provocando falta de control y riesgo de fraude en algunos procesos.
La norma, que pretendía agilizar la gestión de insolvencias, ha tenido un impacto desigual. En Aspac reconocen que los nuevos planes de reestructuración están ayudando a evitar que empresas viables entren en concurso, pero señalan que los procedimientos especiales para microempresas siguen sin arrancar. El principal motivo, explican, es la ausencia de una plataforma telemática operativa y la exclusión del administrador concursal, una figura clave para garantizar la transparencia del proceso.
El presidente de la asociación, Diego Comendador, advirtió a este diario de que esta situación ha creado un terreno propicio para errores y abusos. “Sin la participación de un administrador concursal, está demostrado que los deudores incurren en problemas a la hora de gestionar la liquidación de sus empresas”, aseguró. A su juicio, los autónomos y pequeños negocios en situación de insolvencia necesitan apoyo técnico especializado para evitar decisiones erróneas y procesos opacos.
- Los expertos denuncian que los fallos permiten prácticas fraudulentas en la presentación de concursos
- Una plataforma para micropymes pendiente y un estatuto del administrador sin aprobar
- El sistema español sigue lejos de los estándares europeos
Los expertos denuncian que los fallos permiten prácticas fraudulentas en la presentación de concursos
Otro de los grandes problemas detectados por la asociación es el aumento de los concursos sin masa, aquellos en los que los autónomos y las empresas insolventes carece de bienes suficientes para cubrir los gastos del procedimiento.
En Aspac denuncian que, en su formato actual, estos procesos “permiten prácticas fraudulentas antes de la presentación del concurso”, señaló Diego Comendador, ya que “la falta de supervisión favorece que se oculten activos o se manipulen las cuentas”. La organización considera esencial que estos casos cuenten con la intervención de un profesional que actúe como garante de la legalidad.
Aspac recuerda que los concursos sin masa se han convertido en una de las principales fuentes de preocupación para los expertos del sector. Según Comendador, los profesionales observan “un incremento de este tipo de concursos que, sin la supervisión de un administrador concursal, se convierten en procesos arbitrarios y opacos”. La asociación insiste en que mantener este modelo sin control profesional debilita la confianza de acreedores y trabajadores.
A pesar de estas deficiencias, la asociación reconoce algunos avances. Los planes de reestructuración introducidos con la reforma se han consolidado como una herramienta útil y flexible para evitar concursos innecesarios. “Se estima que la cifra de planes de reestructuración aprobados podría estar en cercana a los 700; lo que demuestra que es una herramienta que ofrece agilidad y flexibilidad, y que permite a las empresas superar situaciones de insolvencia sin necesidad de acudir al concurso tradicional”, explicó Comendador.
El presidente de Aspac añade que, tal y como preveían el año pasado por estas fechas, “estamos asistiendo a un incremento importante en el uso de esta herramienta”. La principal ventaja, destacó, es que “la reestructuración minimiza la intervención judicial, algo que las partes implicadas prefieren evitar”.
Una plataforma para micropymes pendiente y un estatuto del administrador sin aprobar
Aspac considera que el procedimiento especial para microempresas, uno de los pilares de la reforma, no ha alcanzado los objetivos previstos. Mientras no exista una herramienta digital que permita gestionar los casos de manera automatizada, la agilidad prometida seguirá siendo una meta lejana. La falta de medios técnicos y de recursos humanos ha dejado a muchos autónomos y pequeños negocios en un limbo jurídico, incapaces de resolver su situación de insolvencia con rapidez.
Comendador insiste en que la exclusión del administrador concursal del procedimiento de microempresas, además de restar garantías, genera más problemas de los que soluciona. Y sostiene que no es cierto que el sistema actual suponga un ahorro para el Estado. “No podemos engañarnos creyendo que, como el sistema transfiere los gastos del proceso desde los acreedores al Estado, estamos ahorrando en el proceso”, advirtió.
Para Aspac, es imprescindible profesionalizar el sistema de insolvencias y dotarlo de mayor transparencia. Por eso, la organización reclama al Gobierno que apruebe cuanto antes el Estatuto del Administrador Concursal, un texto largamente pendiente que permitiría regular las condiciones de trabajo y responsabilidades de estos profesionales. Su aprobación, subrayan, reforzaría la seguridad jurídica y evitaría disparidades entre juzgados.
El sistema español sigue lejos de los estándares europeos
Comendador considera que, después de tres años de funcionamiento, ha llegado el momento de revisar la norma y corregir sus carencias. “Ha pasado tiempo suficiente desde la reforma. Tenemos evidencias y argumentos de peso para reclamar un marco regulatorio evolucionado para que el sistema concursal en España sea más eficaz, justo y transparente”, concluyó.
Aspec confía en que la implantación definitiva de la plataforma telemática para microempresas contribuya a modernizar un sistema que sigue lejos de los estándares europeos.
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