La futura Ley de Industria obligará a las pymes a devolver ayudas si trasladan su producción fuera

El Gobierno quiere cerrar la puerta a una práctica cada vez más habitual entre las empresas de todos los tamaños: trasladar una parte o la totalidad de su producción fuera de España. En un futuro cercano, no podrán recibir ayudas públicas y dejar de producir en nuestro país

Si prospera la nueva Ley de Industria, los negocios deberán avisar con nueve meses de antelación si planean deslocalizar su actividad, devolver las subvenciones que hayan recibido si incumplen su compromiso de permanencia, y participar en mesas de reindustrialización junto a representantes de sindicatos y comunidades autónomas.

Estas medidas, que nacen de una proposición no de ley de mayo de 2025, se han incorporado al proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica que está en fase final de tramitación parlamentaria. La devolución obligatoria de ayudas públicas afectará también a pymes que hayan recibido fondos en los últimos cinco años, obligándolas a mantener su producción activa durante al menos tres años.

En los últimos años, casos como el de una pyme textil catalana, que trasladó parte de su confección a Portugal, o una firma de calzado alicantina, que externalizó procesos en Túnez, han evidenciado que no solo las grandes compañías recurren a la deslocalización parcial para ajustar costes.

1. El preaviso obligatorio de nueve meses permitirá negociar alternativas antes de un cierre
2. La condicionalidad de las ayudas públicas también alcanzará a pymes
3. Riesgos de conflicto con el derecho europeo
4. La eficacia dependerá de la aplicación práctica

Las pymes tendrán que devolver ayudas y avisar con nuevo meses de antelación si se deslocalizan

“Estas obligaciones elevan significativamente el coste financiero de la deslocalización, dificultando operaciones oportunistas y premiando la continuidad del empleo y la actividad en el territorio nacional”, explicó a este diario Vicente Pléyades, socio fundador del Instituto Avanzado de Gestión Empresarial (IAGE).

El punto que más atención ha generado es la obligación de comunicar a la Administración con al menos nueve meses de antelación cualquier cierre o traslado relevante de actividad. En ese plazo, el Ministerio de Industria convocará una mesa de reindustrialización con las comunidades autónomas afectadas, los sindicatos y la propia empresa.

El objetivo de estas mesas será explorar salidas que eviten la desaparición de empleo y propongan proyectos sustitutorios. “El requisito de avisar con tanta antelación permite a la Administración negociar posibles alternativas, e incluso intervenir activamente”, apuntó Pléyades.

No obstante, el experto advirtió de que estas mesas pueden convertirse en un trámite vacío si no se les dota de poder real. A su juicio, para que sean eficaces deben tener capacidad para movilizar fondos, gestionar recolocaciones y atraer inversión. “El riesgo de que las Mesas de Reindustrialización no sean más que trámites puros formales existe, a no ser que se doten de competencias reales”, subrayó.

El modelo se inspira en prácticas aplicadas de forma puntual en España, como el caso de Nissan en Barcelona, o en legislación comparada como la Ley Florange en Francia, que exige explorar compradores antes de autorizar un cierre de una planta. Estas experiencias refuerzan el argumento gubernamental de que existen precedentes viables para este tipo de intervención.

La condicionalidad de las ayudas públicas también alcanzará a pymes

Una de las medidas más relevantes es la que condiciona el acceso y mantenimiento de ayudas públicas a que las empresas no deslocalicen su producción en un periodo determinado. Para las pymes, ese plazo se fija en tres años. Si en ese tiempo reducen más del 65% de su actividad o despiden a 500 personas o más, deberán devolver lo recibido.

Aunque la norma está pensada sobre todo para grandes empresas, el umbral mínimo de tres millones de euros en subvenciones acumuladas en cinco años puede alcanzar también a pymes tecnológicas o industriales de rápido crecimiento. “El impacto real dependerá de la capacidad de hacerlo cumplir y de la voluntariedad de las empresas para negociar salidas pactadas”, añadió Pléyades.

El proyecto de ley distingue entre tamaños de empresa, aplicando plazos diferentes para cumplir el compromiso de permanencia: dos años para pequeñas, tres para medianas, y cinco para grandes. De este modo, busca introducir proporcionalidad y evitar que la medida castigue injustamente a negocios de menor tamaño.

La medida pretende cerrar el paso a prácticas detectadas por la administración en los últimos años, como el uso intensivo de fondos públicos para innovación, digitalización o ERTE, seguido de un cierre total o traslado de operaciones al extranjero sin retorno aparente para el territorio. Con esta norma, el Gobierno aspira a frenar esas salidas encubiertas tras recibir apoyo público.

La nueva Ley de Industria podría chocar con la normativa europea

Aunque la intención del Gobierno es proteger el tejido industrial, los expertos señalan que existe un posible conflicto con el derecho de la Unión Europea. Las normas comunitarias garantizan la libre circulación de capitales y la libertad de establecimiento, y cualquier medida que condicione esas libertades debe superar un test de proporcionalidad y justificación.

“Si se percibe que estas medidas equivalen a trabas encubiertas a la libre empresa y la movilidad de capitales, el riesgo de conflictos ante el Tribunal de Justicia de la UE es real”, advierte Pléyades. Por ello, insiste en que la clave estará en una redacción legal” muy afinada y una justificación rigurosa del interés general”.

El Gobierno defiende que proteger el empleo, la cohesión territorial y la inversión pública son motivos legítimos que justifican la intervención. Se apoya además en ejemplos de otros países europeos con medidas similares ya en vigor.

El proyecto de Ley de Industria podría aprobarse antes de final de año

La aplicación de estas medidas no será automática ni inmediata. Requerirá mecanismos de seguimiento por parte de la Administración, así como voluntad de las empresas para colaborar en procesos de reindustrialización o retorno de inversión.

Pléyades destacó la necesidad de transparencia y evaluación pública: “incluir mecanismos de transparencia y evaluación pública de los acuerdos alcanzados es fundamental, evitando que sean meros instrumentos consultivos”. El proyecto de Ley de Industria está previsto que se apruebe antes de final de año. Si se confirma su contenido actual, se convertirá en el primer marco legal estatal que impone obligaciones claras para las empresas que decidan cesar su actividad industrial o trasladarla al extranjero.