El reglamento que sancionará a las empresas por pagar tarde a los autónomos podría estar listo en 2026

El Reglamento Europeo contra la Morosidad continúa en la hoja de ruta comunitaria. La Comisión Europea ha confirmado en los últimos días que la iniciativa seguirá en su agenda de cara a 2026, y no se dejará para 2027 o incluso 2028 como se había insinuado tiempo atrás. Este es un paso que la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) considera esencial para salvaguardar la estabilidad financiera de las pequeñas y medianas empresas europeas. 

El reglamento promete cambios importante para los autónomos y pymes. Algunos de ellos podrían ser un periodo máximo de pago de 30 días, un nuevo tipo de interés de demora automático o un recargo del 8% a las empresas que paguen tarde a sus proveedores.

Por otro lado, se fijará la obligación de que las administraciones vigilen que los contratistas abonen las facturas correspondientes a las subcontratas –a menudo empresas pequeñas o trabajadores autónomos– en el mismo plazo obligatorio. 

1. Los estados miembros de la UE tendrían que aplicar el reglamento y vigilar a las empresas
   • Según ATA, la clave está en sancionar a la empresa que incumple los periodos
2. La morosidad, un lastre para las pymes españolas
3. Las Administraciones Públicas, entre las que más demoran sus pagos

Los estados miembros de la UE tendrían que aplicar el reglamento y vigilar a las empresas

Crear un sistema nacional de mediación, elaborar leyes nacionales contra las cláusulas o prácticas contractuales abusivas y llevar a cabo investigaciones para que el nuevo reglamento se cumpla son algunas de las cuestiones que todos los países miembros deberán aplicar en sus respectivas fronteras.

No obstante, aún quedan detalles que pulir con respecto a algunas de las materias que se tratan en el Reglamento Europeo contra la Morosidad, como el régimen sancionador que, a ojos de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) y de su vicepresidenta, Celia Ferrero, debería establecerse en cada país y empresa atendiendo a su propio funcionamiento.

La morosidad es un incumplimiento en los pagos que a veces se arrastra en una suerte de cadena, y cuyo verdadero culpable es una empresa en origen que no ha pagado facturas y ello ha causado que otros pequeños negocios no puedan, a su vez, pagar a proveedores. Lo lógico sería, de esta forma, remontarse al origen para sancionar.

Según ATA, la clave está en sancionar a la empresa que incumple los periodos

Bajo el punto de vista de ATA, lo importante es verificar que hay una conducta reiterativa y una mala praxis, y a partir de ahí, sancionarla. Porque si se automatizan las sanciones sin llevar a cabo una inspección que explique el origen de la deuda, muchas pequeñas empresas van a sufrir consecuencias que no merecen. Además, gracias a la facturación electrónica, será mucho más sencillo contrastar datos.

El Parlamento Europeo adoptó el 23 de abril de 2024 su posición, en primera lectura, sobre esta iniciativa de regulación comunitaria para combatir los pagos tardíos en las transacciones comerciales.

Por primera vez, una institución europea abordaba la morosidad empresarial no como un problema contractual aislado, sino como un elemento estructural de competitividad y justicia económica. Y, a raíz de ello, el Parlamento instó al Consejo y a los estados miembros a acelerar la tramitación, garantizar la aplicación homogénea del reglamento y contemplar sanciones eficaces frente a los incumplimientos.

La morosidad, un lastre para las pymes españolas

La realidad es que la morosidad sigue siendo uno de los principales obstáculos para la viabilidad de los pequeños negocios. Según el Estudio de Plazos de Pago en España 2024, elaborado por la PMcM a partir de más de 500 respuestas de empresas, el plazo medio de pago en el sector privado se situó en 64 días. Esto es, seis días menos que el año anterior, pero aún muy por encima de los 30 días que establece la legislación europea.

El informe revela, además, que las grandes empresas son las que más tardan en pagar, con un 56% de ellas superando los plazos legales. De hecho, tan solo un 26% cumplen los tiempos establecidos. En el sector público, la situación es aún más preocupante: el plazo medio de pago alcanza los 67 días, 12 más que en el año 2023.

Y estos retrasos generan una tensión constante en la tesorería de las pymes y los autónomos. Porque el 5,2% de la facturación total de las empresas encuestadas se encuentra afectada por impagos, y, a su vez, los subcontratistas cobran de los contratistas principales con una media de 88 días de espera.

Por otra parte, a pesar de la legislación que ya existe con respecto a la morosidad, el 84% de los proveedores reconoce que nunca o casi nunca reclama intereses de demora a sus clientes morosos, y el 92% no exige la indemnización legal por costes de recobro. Además, al 61% de las empresas se les imponen plazos de pago superiores a los permitidos por ley.

Las Administraciones Públicas, entre las que más demoran sus pagos

Uno de los puntos más críticos señalados por la PMcM es el papel de las Administraciones Públicas. Pese a las normas de contratación que obligan a abonar las facturas en un máximo de 30 días, los organismos públicos continúan registrando plazos muy superiores. La media de 67 días los sitúa incluso por encima del sector privado, lo que agrava la situación de miles de proveedores que trabajan con ayuntamientos, comunidades autónomas y entes estatales.

Entre las causas de ese desfase figuran, sobre todo, los procesos internos y complejos de verificación, el uso de sistemas de contabilidad de caja que obligan a esperar a la disponibilidad presupuestaria, el calendario electoral que retrasa determinadas decisiones y una facturación que, con frecuencia, se registra tarde o de forma manual. En algunos casos, la factura ni siquiera se contabiliza hasta que se autoriza la orden de pago, lo que prolonga de manera significativa el inicio del cómputo del plazo.

Por ello, la plataforma insiste en que el futuro reglamento europeo debe establecer mecanismos de transparencia y sanciones automáticas, en contra del criterio de ATA, aplicables también, eso sí, a las Administraciones, para garantizar de esta forma que el dinero circule con agilidad en la economía. Y es que, en palabras de su presidente, Antoni Cañete: "Acabar con la morosidad no es sólo una cuestión de justificación, sino de competitividad y supervivencia empresarial".

España cuenta con más de 2,9 millones de pymes y autónomos, lo que representa más del 99,8% del tejido empresarial nacional según los datos de la Cámara de Comercio. Por eso, apuntan los expertos, garantizar su liquidez y la puntualidad en los cobros no es sólo una medida de equidad, sino una condición necesaria para el crecimiento sostenible y la creación de empleo en nuestro país de aquí a futuro.

Su implementación efectiva permitirá no sólo garantizar la puntualidad en los pagos, sino también fortalecer la confianza entre empresas y proveedores, incentivar la inversión y la innovación en el tejido empresarial y sentar las bases para un mercado más justo y competitivo en toda la Unión Europea.