El Derecho al Error que dice aplicar Hacienda no garantiza que los autónomos se libren de sanciones

El llamado Derecho al Error es un principio por el que los contribuyentes pueden corregir fallos involuntarios ante la Administración, sin ser sancionados por ello. Lo que reduce el impacto de los descuidos más habituales en la gestión tributaria.

La Agencia Tributaria asegura que tiene en cuenta los errores sin mala fe y que evita sancionar cualquier pequeño incumplimiento, muchos otros quedan fuera sin una norma que los delimite. Todo ello a través de un criterio interno cuyos parámetros, condiciones y pautas todavía no se han hecho públicos.

Por ello, el propio órgano asesor de la Secretaría de Hacienda, el Consejo para la Defensa del Contribuyente pide que se apruebe este derecho por Ley. Si no, no habrá ninguna "garantía real" de que un autónomo pueda librarse de ser sancionado cuando cometa un pequeño fallo sin mala fé al declarar su impuestos.

Precisamente, hace escasos días, un parlamento autonómico -el de Cataluña- desarrolló este criterio en el articulado de una norma, creando un precedente que podría llevar a su inclusión en la Ley General Tributaria.

Hacienda aplica el 'Derecho al Error', pero sus efectos reales son limitados para los autónomos

La Agencia Tributaria lleva varios años afirmando que, cuando un incumplimiento no tiene perjuicio económico para la hacienda pública, aplica el Derecho al Error de los contribuyentes y no les sanciona.

Estos casos incluyen equivocaciones frecuentes sin mala fe por parte de los autónomos, como la presentación de modelos informativos fuera de plazo, los errores formales o las ausencias de documentación menor.

Sin embargo, Jesús Rodríguez, presidente del Consejo para la Defensa del Contribuyente (CDC), explicó a este medio que esta práctica está muy lejos de ser un verdadero derecho, porque “en ausencia de modificación de la ley, intentan aplicar el espíritu del principio en los pequeños incumplimientos pero le falta el apoyo de la norma”.

De esta forma, más allá del alcance del principio que aplica la Agencia Tributaria, supone tener en cuenta los antecedentes del contribuyente y “cuando ha sido cumplidor, no sancionarlo”.

En todo caso, para Rodríguez estas “aplicaciones benévolas sin apoyo normativo” pueden resultar complicadas para los funcionarios que tramitan los expedientes ya que “dependen de su interpretación” y no crean la suficiente seguridad jurídica.

No hay garantía real de que un autónomo que se equivoque no vaya a ser sancionado

En la práctica, esto significa que no existe una garantía real de que un autónomo que se equivoque por primera vez vaya a librarse de una sanción. Incluso cuando no haya daño para la Hacienda pública.

En definitiva, el llamado Derecho al Error que aplica Hacienda no es un derecho sino “una práctica interna, no publicada y dependiente del criterio del funcionario”. Su carácter informal hace que dos contribuyentes, explicó Rodríguez, en situaciones idénticas puedan recibir un trato diferente, lo que incrementa la inseguridad jurídica y deja a los autónomos desprotegidos legalmente.

Por eso, el CDC ya propuso, en 2022, que se introdujera este principio siguiendo el “modelo francés” y su presidente consideró que es una cuestión de tiempo que se incluya en la Ley General Tributaria, aunque la actual parálisis legislativa no lo haga posible en el corto plazo.

Los autónomos son los más afectados por sanciones de pequeños incumplimientos sin mala fe.

Cataluña acaba de reconocer legalmente el Derecho al Error

Recientemente, el parlamento catalán aprobó una ley que recoge de forma explícita el derecho de cualquier ciudadano a rectificar un error frente a la Administración, entre otras medidas como la prohibición de la cita previa para ser atendido y la obligación de utilizar un lenguaje administrativo claro y accesible.

El presidente del Consejo para la Defensa del Contribuyente destacó que se trata de “la primera plasmación a nivel normativo que se produce en España” y “copia” el modelo francés porque exige buena fe, prohíbe el dolo y solo se aplica al primer incumplimiento. Y lo hace no solo para Hacienda, sino para toda la Administración, ampliando así la protección a todo tipo de trámites.

Rodríguez se mostró satisfecho porque esta reforma se parece mucho a la propuesta que lanzaron desde el CDC al incluir condicionantes como que el error no sea fruto de “un comportamiento que no sea doloso, que sea de buena fe y que sea el primer incumplimiento”.

Qué supondría el Derecho al Error para los autónomos

El defensor del contribuyente recalcó que, de incluirse el Derecho al Error en la legislación, los autónomos serían uno de los colectivos más beneficiados porque entre ellos se dan “pequeños incumplimientos sin mala fe”, como en deducción de gastos, modelos periódicos, gestión del IVA, retenciones y obligaciones informativas.

Rodríguez señaló que acabaría muchas dudas como en las deducciones de gastos “donde hay muchísima conflictividad con la Administración”. Además, valoró que, como en el precedente catalán, no se limite al ámbito tributario ya que “debería llegar hasta la Seguridad Social de los autónomos”.

De llega a legislarse, el Derecho al Error quedaría tasado y no todos los casos podrían acogerse a este mecanismo, por lo que habría incumplimientos que continuarían dando lugar a la apertura de un expediente sancionador.

Lo que sí supondría es una mayor seguridad jurídica para los autónomos y para los profesionales que gestionan sus relaciones con la administración, porque sabrían a qué atenerse de acuerdo con un precepto legal.

La aprobación de la primera ley autonómica en este sentido ha reabierto un debate que ya puso sobre la mesa el Consejo para la Defensa del Contribuyente, cuyo presidente consideró que terminará plasmándose en la Ley General Tributaria para ofrecer una garantía normativa a los millones de autónomos que deben lidiar con la burocracia mientras sacan adelante sus negocios.