Las medidas que quiere aprobar Díaz antes de 2026 y supondrán "subidas importantes" para los autónomos

Tres nuevas subidas de costes para las pymes que quiere aplicar Díaz en 2026

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, quiere poner en marcha, en estos últimos meses del año, al menos, tres medidas distintas que podrían disparar los costes de los autónomos y pequeñas empresas a partir de 2026.

Entre las medidas que quiere imponer Díaz próximamente destacan una "subida importante" del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), según reconoció recientemente la propia ministra de Trabajo, una reforma del despido improcedente, que elevaría las indemnizaciones que han de pagar los negocios, y la implantación obligatoria de un control horario digital en todas las pymes con empleados.

Por un lado, el Gobierno pretende que el SMI se actualice automáticamente con el Índice de Precio al Consumo (IPC) y no baje nunca del 60% del salario medio; además de eliminar la posibilidad de absorber la subida a través de distintos pluses. Por otro, estudia elevar las indemnizaciones por despido para que sean “realmente reparadoras”, en sus propias palabras, y más disuasorias.

A ello se suma la inminente aprobación de un registro digital obligatorio que sustituirá las hojas en papel y exigirá nuevas inversiones tecnológicas, sin tener ni si quiera que pasar por el Parlamento.

Tres nuevas subidas de costes para las pymes que quiere aplicar Díaz en 2026

A continuación se repasan las medidas que quiere llevar a cabo Díaz y que podrían subir en los próximos meses los costes laborales de los autónomos y pymes con empleados.

Subidas "importantes" y automáticas en el SMI

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, adelantó que a partir de 2026 pretende aplicar subidas importantes en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), dentro de una reforma estructural que busca desvincular su evolución de la negociación colectiva.

Según las líneas que ya ha avanzado, el nuevo modelo introduciría una actualización automática del SMI cada seis meses en función del IPC. De modo que el salario mínimo se revalorice sin necesidad de negociación previa y mantenga el poder adquisitivo frente a la inflación.

Además, el Gobierno quiere impedir que las empresas utilicen los pluses o complementos salariales para alcanzar la cifra del SMI, de forma que este importe se abone íntegramente como salario base, dejando los complementos al margen y sumándose aparte.

Hasta ahora, según el principio de compensación y absorción, los autónomos pueden usar cualquier concepto que sea salarial y homogéneo, como la antigüedad, el plus de responsabilidad o las pagas extras, para subir el salario base y alcanzar el SMI.

Además, una sentencia del Tribunal Supremo fue más allá, e incluyó conceptos variables que se pueden tener en cuenta a la hora de calcular el SMI. Los ejemplos más claros serían el plus de productividad o las comisiones de ventas. "Son conceptos que el trabajador cobra anualmente y, si bien no son una compensación ni una absorción al uso, sí que en computo anual son salario y, por tanto, se pueden compensar y absorber", apuntó Jaume Barcons, abogado laboralista de la gestoría Barcons.

Por último, el Ministerio de Trabajo planea anclar el SMI a un suelo permanente equivalente al 60% del salario medio en España, en línea con la Carta Social Europea. Lo que implicaría situarlo en una horquilla de entre 1.410 y 1.470 euros mensuales, según los datos actuales. En conjunto, estas medidas supondrían un incremento notable de los costes laborales para las pymes y los autónomos, que verían cómo el salario mínimo deja de depender de pactos puntuales y pasa a estar regulado de manera automática y más exigente.

Indemnizaciones más altas para autónomos o empresas que despidan a un empleado

Otro de los grandes objetivos de Yolanda Díaz es reformar el despido improcedente para que las empresas asuman indemnizaciones más elevadas y el cese sea, en palabras de la ministra, “realmente reparador” para el trabajador.

Actualmente, la legislación contempla una indemnización de 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades, mientras que los contratos anteriores a 2012 mantienen el cálculo de 45 días por año hasta esa fecha. Díaz considera que este sistema resulta insuficiente y que el despido sin causa justificada sigue siendo “demasiado barato” para las empresas.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha abierto ya la mesa de diálogo social y ha dado tres semanas a los sindicatos para presentar una propuesta conjunta sobre cómo reformar este modelo.

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social.

Sin embargo, el debate llega en un contexto complejo, ya que el Tribunal Supremo ha ratificado recientemente que la actual regulación del despido en España es proporcionada, reparadora y conforme a derecho, una posición que respalda también la patronal.

Aun así, Díaz mantiene su intención de modificar la norma para endurecer las sanciones empresariales y "reforzar la protección" de los trabajadores despedidos sin causa justificada.

Control horario obligatorio a través de programas digitales

El Ministerio de Trabajo también avanza en su plan para que todas las pymes y autónomos con empleados adopten un sistema de control horario digital, sustituyendo definitivamente las hojas en papel que aún utilizan la mayoría, una medida que se empezó a agilizar tras el 'no' del Parlamento al proyecto de ley para la reducción de jornada.

El objetivo es modernizar el registro de jornada y permitir que la Inspección de Trabajo pueda acceder de forma remota a los datos, garantizando una trazabilidad completa de las horas trabajadas. Según la ministra, el Consejo de Ministros aprobará en breve el nuevo decreto, que establecerá las condiciones técnicas y de cumplimiento para todas las empresas.

Tras varias semanas de revisión, el proyecto de real decreto ya ha superado la fase de audiencia pública, que concluyó el pasado 20 de octubre, y actualmente se encuentra en manos del Consejo de Estado, encargado de emitir su informe jurídico. Este paso es clave para asegurar la coherencia del texto con el ordenamiento legal y europeo, y podría prolongarse entre uno y dos meses antes de que el decreto regrese al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva.

Si el proceso mantiene este ritmo, el nuevo registro horario digital podría aprobarse antes de que finalice el año o, como máximo, a comienzos de 2026. La tramitación urgente elegida por el Gobierno evita su paso por el Parlamento, lo que acelera notablemente los plazos y permite aplicar la norma en cuestión de semanas una vez esté lista.

Sin embargo, la medida supondrá un reto considerable para las pequeñas empresas: una vez el decreto se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), los autónomos y pymes solo dispondrán de 20 días naturales para adaptarse al nuevo sistema digital. Esto implicará invertir en un software homologado y operativo en menos de un mes, un margen que muchas microempresas consideran insuficiente dada su limitada capacidad técnica y económica para implantar soluciones digitales en tan poco tiempo.